El peaje en conflicto

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Los trabajadores protestando.

Por Sofía Stupiello


Los trabajadores del peaje de  Villa Espil interrumpieron el cobro normal del peaje en demanda de una respuesta concreta por parte de la Dirección Nacional de Vialidad acerca del futuro de sus puestos de trabajo.

El conflicto comenzó en 2017 junto al Ministerio de Transporte y al de Trabajo para lograr un acuerdo sobre cómo serán los contratos de los corredores viales nacionales, que vencieron y tienen una prórroga hasta abril de 2018. Las negociaciones empezaron porque el plan de Vialidad, que comprende la construcción de autopistas y ‘rutas seguras’, con nuevas concesiones, pretende que mientras haya obras ejecutándose, se levanten las cabinas de peaje y no se cobren, pero eso tiene un costo: los empleados del gremio se quedarían sin trabajo.

En este sentido, el Sindicato de Trabajadores de Peajes anunció que desde el miércoles 7 se realizarán asambleas permanentes en los lugares de trabajo para informar a los trabajadores de lo acordado hasta el momento con las autoridades nacionales. Infociudad habló con Marcos Cortez, secretario del interior del SUTPA que representa a los peajes del interior de la provincia de Buenos Aires y explicó lo siguiente:

Desde septiembre nosotros venimos integrando una mesa chica de negociación con Vialidad Nacional donde el efecto de esas reuniones iba a ser buscar soluciones para la problemáticas que tenemos en cuanto a la continuidad laboral en más de una estación de peaje. Desde Vialidad Nacional están impulsando un plan para que  con la PPP (Participación Pública Privada), la agencia se haga cargo de las balanzas y la seguridad vial, actividades que están incluidas en su proyecto de “Rutas Seguras” y que actualmente realizamos nosotros.

La PPP consiste en regular la participación del sector privado en la obra pública y es extensible a otras contrataciones del Estado. Es un proyecto que prioriza los intereses del inversor privado, minimiza sus riesgos y garantiza la rentabilidad al capital.

En el caso de lo que son Rutas Seguras, el objetivo es  desafectar la seguridad vial que garantizan hoy en día los privados e intentarían operarlo desde el sector público, tanto con bomberos,  policía o gendarmería, algo ridículo porque restaría policías gendarmes y bomberos donde deberían estar. Por otro lado, las balanzas existentes que hoy tenemos, las quieren dejar en mano de la agencia de Vialidad Nacional.

Entonces con estos dos esquemas nuevos que presentan, que nunca presentaron en la mesa de negociación, y que nos estamos enterando ahora, lo que hacen es quitarnos la  posibilidad de reconversión de la gente, porque si por un lado nos sacan la seguridad vial, por otro lado nos sacan las balanzas, y como sabemos, también pretenden avanzar contra el cobro manual, es cada vez más difícil. Tal vez la intención de ellos es reconvertir a nuestra gente en lo que es obra, bacheo, manejo de maquinaria y un montón de cuestiones en la que no estamos de acuerdo porque eso es precarización. Nuestra gente tiene que ser reconvertida en las categorías pertinentes a nuestra actividad, que por fuera de lo que es el cobro manual, existen más de veinte categorías. En este sentido, mientras sigamos  recibiendo una respuesta que solo tenga en cuenta  la rentabilidad de las empresas y no a los trabajadores, las medidas de fuerza se van a mantener.

 

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